Rodolfo Martín Villa y cuatro policías del franquismo, objeto de una querella por la muerte de un joven en 1976

Este miércoles los Juzgados de Instrucción de Plaza Castilla de Madrid han recibido una querella criminal por delitos de lesa humanidad y homicidio en relación con la muerte en diciembre de 1976 de Ángel Almazán Luna, un joven trabajador y estudiante que antes de fallecer recibió golpes y maltrato por parte de agentes policiales en el transcurso de una manifestación en Madrid.

Su familia, amigos y organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando que Almazán fue víctima de un homicidio enmarcado en los crímenes de lesa humanidad de la dictadura y años posteriores, y que la investigación en torno a su muerte estuvo plagada de irregularidades. Un tribunal militar llevó el caso, que fue archivado en su momento. La madre de Almazán declaró que su hijo había muerto deformado por los golpes.

El atestado policial entonces afirmó que el joven, de 18 años, se había golpeado la cabeza con una farola, que se había caído, y que «estaba bebido». En 1976 hubo personas que atestiguaron cómo la policía había lanzado pelotas y botes de humo contra los manifestantes de la protesta en la que participó Almazán y cómo había cargado en repetidas ocasiones. También hubo testigos que vieron cómo el joven recibió golpes por parte de los agentes, cómo le tiraron del pelo y se lo llevaron «medio a rastras».

La querella se dirige contra Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación en esa época, así como contra los integrantes de la Policía Armada Francisco Zambrano García, Tomás González Cid y Leoncio Domínguez Rubio, y su capitán José González Pagliery. Las letradas que han interpuesto la querella indican que Martín Villa está incluido porque era «responsable de decidir la respuesta policial y el tipo de represión en las manifestaciones».

«Entendemos que no ha habido prescripción de la muerte de Ángel el 20 de diciembre de 1976. Cuando todo ocurrió prestaron declaración dos mujeres que identificaron perfectamente las agresiones, pero curiosamente al pasar a un tribunal militar éste no las tomó declaración», señala la abogada Ángeles López.

Las letradas que presentan la querella subrayan que el caso nunca se investigó y que se enmarca como un crimen de lesa humanidad, porque «estamos ante causas de motivación política, se produjo en el transcurso de una manifestación contra la Ley para la Reforma Política que se votaba al día siguiente, y la protesta había sido convocada por un partido político que luchaba contra el franquismo».

La Ley de Amnistía y el tiempo transcurrido suelen ser los dos argumentos esgrimidos en este tipo de casos para impedir el desarrollo de la investigación judicial, pero las letradas de Ceaqua recuerdan que este caso, al igual que otros ocurridos en aquellos años, es un delito de lesa humanidad «así contemplado por diversos tratados, por el derecho internacional, ante el que este tipo de delitos no prescribe».

Además señalan que «hay motivos para investigar un caso que no es aislado, que pertenece a un contexto de represión». Ante el argumento de que por aquél entonces el Código Penal español aún no había incluido los delitos de lesa humanidad, indican que «tampoco había una ley de delito contra la humanidad cuando se produjeron los juicios Nuremberg, y se aplicó ese tipo de delitos igualmente».

La familia de Ángel tuvo acceso a la autopsia tras su fallecimiento. En ella se indicaba el hallazgo de traumatismo craneoencefálico y también lesiones en varias partes del cuerpo, «lo cual desmonta el argumento ofrecido por aquellos policías en su momento, que afirmaron que murió porque se había chocado contra una farola». 

«Mi hermano era un chaval que estudiaba y trabajaba, estaba lleno de vida, de ilusiones, de todo. Para mis padres fue una tragedia, para mi madre Ángel era su felicidad. Mi padre se bloqueó completamente y no podíamos hablar con él de ello. Fueron años de llantos y desgracias psicosomáticas. Cuando mi padre perdió la memoria por el Alzheimer desaparecieron sus dolores y problemas físicos», recuerda Javier Almazán, hermano de la víctima.

«Con los años uno empieza a construir su propio territorio, pero lo que vivimos es algo que no le deseo a nadie, es la ruptura completa, la desaparición de toda la esperanza», señala. «El asesinato de mi hermano no se indagó, el proceso fue una farsa, los abogados no pudieron asistir ni participar, era una mancha que había que meter debajo de la alfombra».

«Yo, ingenuo, pensé que la Ley de Amnistía era para sacar de la cárcel a sindicalistas y comunistas presos, pero para lo que ha servido es para garantizar la impunidad de los crímenes franquistas», lamenta. 

«Emprendí un viaje judicial durante años, que no me sirvió de nada. Posteriormente con la Ley de Memoria de Zapatero en 2007 conseguimos un reconocimiento, en el que se dice que en el transcurso de una manifestación mi hermano, cito textualmente, ‘padeció persecución y violencia por causas políticas e ideológicas y murió como consecuencia de las heridas sufridas en una manifestación reprimida violentamente por la policía sin que fueran los hechos adecuadamente investigados’. Yo lo único que quiero es que se diga que policías asesinaron a mi hermano, pero no se llegó a esa frase», añade.

Javier Almazán explica que presenta esta querella «sin ningún ánimo de venganza, lo hago para que no se pierda la memoria, para obtener un poco de justicia, un reconocimiento real, no material, real». Este miércoles ha acudido a los juzgados de Instrucción de plaza Castilla en Madrid como querellante, acompañado de abogadas integrantes de CEAQUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo.

El colectivo recuerda que «esta querella se suma a las más de 60 que ya han sido interpuestas por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista al objeto de revertir la situación de impunidad que se mantiene por el Estado español, que se niega a investigar judicialmente los crímenes citados».

Rodolfo Martín Villa está acusado de crímenes de lesa humanidad durante el franquismo y declaró por ello hace un año ante la jueza argentina que investiga la querella interpuesta por varias víctimas y familiares. Entre otros delitos, se le adjudica posible responsabilidad en la matanza en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados cinco trabajadores a manos de la Policía Armada, así como en el asesinato de Germán Rodríguez durante los Sanfermines de 1978 o en el de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en 1977 en la llamada semana negra.