Cuatro años, cuatro juezas: nuevo relevo en la investigación de las irregularidades en las oposiciones médicas vascas
El juzgado de Instrucción 2 de Vitoria tiene nueva titular desde fechas muy recientes. Se trata de la magistrada Blanca Ester Díaz Pulido. De este modo, esta juez se convertirá en la cuarta responsable en menos de cuatro años de la investigación de las denuncias de filtraciones en los exámenes de las categorías médicas de las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) celebrados en la primavera de 2018, el sumario de mayor entidad en esa sala. Es un proceso que, además, se halla claramente parado desde hace meses, en concreto desde que en enero se acordó prorrogar la instrucción judicial hasta julio. Fuentes judiciales indican que también han sido numerosos los cambios entre el resto del personal del juzgado.
La investigación preliminar a raíz de varias denuncias la inició la titular de la Fiscalía superior del País Vasco, Carmen Adán, que remitió el expediente a un juzgado de Vitoria. En aquel momento, en la sala estaba Yolanda Varona cubriendo una sustitución, ya que la magistrada titular, Ana Jesús Zulueta, se encontraba reforzando la Audiencia Provincial de Álava, que en aquella época estaba volcada en el macrojuicio de corrupción del ‘caso De Miguel’. A su vuelta, Zulueta asumió la investigación pero otra carambola la llevó de nuevo a la Audiencia Provincial: el juez Jaime Tapia fue fichado como asesor del Gobierno de Iñigo Urkullu para la puesta en marcha del nuevo modelo autonómico de Prisiones.
Su hueco quedó cubierto por Cristina Rodríguez Ruiz y de él dio cuenta este periódico en mayo del pasado año. Desde entonces, la causa de la OPE de Osakidetza ha vivido en una montaña rusa. En julio se acabó el plazo ordinario de investigación y se acordó una prórroga hasta enero de 2022 que, sin embargo, no fue comunicada hasta la vuelta de las vacaciones, en septiembre. Con ella se decidió también eximir de responsabilidad penal a la cúpula de la Sanidad vasca en 2018, incluido al consejero entonces, Jon Darpón, que dimitió por este asunto al igual que la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica. Igualmente, consideró innecesario revisar los exámenes de todas las especialidades médicas analizadas, una veintena, a pesar de que en aquellas que sí se han podido analizar los documentos han aparecido indicios de anomalías. Es el caso de las pruebas de Anestesia y Traumatología.
“En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, llegó a argumentar la juez Rodríguez Ruiz.
El expediente estuvo meses en ‘stand by’ y solamente se reactivó cuando se aproximaba ya la nueva fecha de vencimiento, a finales de enero. ‘In extremis’, la instructora dio otros seis meses. Pero ya se ha consumido más de la mitad de ese tiempo y, como confirmaron la pasada semana tres fuentes judiciales a este periódico, no ha habido ni un solo avance en la investigación. De hecho, siguen pendientes algunos recursos desde septiembre. «Está muerto», describió gráficamente una de las fuentes.
No son excesivas las referencias públicas de la nueva magistrada, Díaz Pulido. Cursó sus estudios en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ha ejercido como magistrada de apoyo en la Comunidad de Madrid, ha sido titular de Instrucción 8 de Manresa y en 2019 fue destinada al juzgado de Amurrio, en el que también ha tenido competencias en materia de violencia contra las mujeres. En el caso de Rodríguez Ruiz, por su parte, consta que ha sido destinada ya a varias salas para realizar sustituciones cortas en los últimos días.
