Las vidas agrietadas por la Línea 7 de Metro de Madrid: «Te tratan como si no fueras nada»

Un grupo de vecinos de San Fernando de Henares observa el extremo de una gran excavadora atacar un edificio. “Eso era mi cocina”, lamenta Juan Fuentes mientras señala los azulejos desnudos y la pinza del aparato muerde por detrás la pared del salón. Este martes se ha hecho efectivo el derribo del primer edificio de la calle Rafael Alberti con La Presa, que ha dejado sin casa a 24 familias afectadas por la línea 7b de Metro, una obra idea de Esperanza Aguirre que no tuvo en cuenta los informes que la desaconsejaban por las condiciones del subsuelo y que ahora pone en peligro la zona.

Todos los vecinos tienen marcados en sus cabezas el 22 de septiembre de 2021. Fue el día que tuvieron que dejar sus viviendas. La Comunidad de Madrid les dijo que sería por un par de meses, mientras realizaban los estudios pertinentes para realizar la rehabilitación del edificio en peligro, donde llevaban apareciendo grietas cada vez mayores desde finales de 2019. El consejero de infraestructuras, David Pérez, aseguró entonces que cuando volviesen los harían “con la absoluta tranquilidad de que es el edificio más sólido de España”.

Ocho meses después, el edificio más sólido de España es un montón de escombros, en el que se acumulan muebles y enseres personales que sus propietarios no han podido recoger por las prisas para abandonar sus pisos, casi con lo puesto. “Ahí están las fotografías de la graduación de mi hijo, recuerdos de mis padres, de familiares que ya no están. Veo mis muebles y me da igual, pero las vivencias y las experiencias que he tenido son irrecuperables”, lamenta Juan, que ahora está realojado junto a su mujer Eva y su hijo Iván, de 21 años y que nació en esa casa, en un aparta-hotel a cargo de la comunidad en el polígono de las Mercedes.

Vanesa Ramos y Andrés Sánchez llevaban viviendo en el edificio desde 2010. Mientras contemplan cómo el hogar que han construido durante más de una década se viene abajo, afirman sentirse “desamparados”. La Comunidad de Madrid reconoció la responsabilidad patrimonial y abrió el plazo para las reclamaciones en febrero. Los vecinos afectados tienen que presentar toda la documentación de la que dispongan, tanto del piso como del mobiliario en su interior. Las indemnizaciones se resolverán en un plazo máximo de seis meses. Para el otoño, dicen, aunque algunos son más pesimistas.

“Se van a saltar todos los plazos. La ley está hecha solo para algunos, te tratan como si no fueras nada”, sostiene Andrés. Para él, lo peor es la incertidumbre sobre su futuro. ¿De cuánto será la indemnización? ¿Cuándo la recibirán? ¿Les llegará para comprar otra casa? ¿Dónde? Las respuestas, por el momento, no están claras, pero temen que la valoración de sus viviendas esté por debajo de su precio real, mientras ellos tienen que seguir haciendo frente a una hipoteca.

Es el caso de Mari Carmen Ramírez, que en 2019 inició en ese bloque “un nuevo proyecto de vida” junto a sus hijos, que ahora tienen 14 y 18 años. En el verano de aquel año se instaló en el tercero, después de hipotecarse y reformar la vivienda. En diciembre comenzaron a aparecer las primera grietas. Este martes veía como todos sus planes se venían abajo. “El problema siempre ha existido. Empezó por la calle Vergara, pero aquí ha sido muy descarado cuando reventó el pozo de bombeo”, explica. Comenzaron las quejas, pero aseguran que la Comunidad no les hizo caso entonces, cuando el problema se podría haber resuelto. “Mandaban estudios, catas, pero cada dos o tres meses”, dice.

Como el resto de vecinos, Mari Carmen está ahora viviendo en un aparta-hotel. Ella comparte cama con su hijo pequeño y el mayor duerme en otro, más alejado, porque no pudieron facilitarles un mismo alojamiento de dos habitaciones. “Yo inicié otro proyecto de vida y me lo cortan, me lo paralizan. Te dejan con una deuda y no sabes con cuánto te van a indemnizar”, lamenta. “Dicen que tienen que mirar muy bien las indemnizaciones porque no quieren caer en prevaricación. ¿Con todo lo que está saliendo de comisiones, me quitas la vida y ahora te preocupas por eso?”, protesta.

Andrés Ramírez, de 64 años, tenía en ese bloque uno de los 24 pisos, en el que vivía su hija con sus dos nietos, de dos y cinco años, y un local comercial, en el que tenía la peluquería en la que llevaba trabajando 35 años. Así que no solo ha perdido una vivienda, sino también su fuente de ingresos. “Estoy viviendo gracias a mi familia”, dice. A él, la Comunidad de Madrid le ofreció un lucro cesante, pero tras la declaración de la responsabilidad patrimonial de la administración, le tocará esperar, como a todos, a que se resuelva la indemnización.

“Estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico y eso es lo que me salva, porque si no… Trabajando desde los 12 años, pagando todo, para acabar así… Me han destrozado la vida, no se lo deseo a nadie”, explica con rabia. Busca a su mujer, Carmen, y le pide el teléfono. En el whatsapp busca una nota de audio y le da a reproducir. “Nos están tirando la casa”, se escucha a una voz infantil. “Es mi nieta de dos años”, aclara aguantando el llanto.

Los vecinos están pendientes unos de otros, se acercan a Andrés. Tratan de animarle. Isabel García, que vive justo en frente del edificio en demolición, interrumpe para exigir que esto vaya “por lo penal”. “La señora Aguirre y los ingenieros que permitieron hacer este metro, que paguen por ello. Que embarguen a la Aguirre para que les den una vivienda a las personas a las que les ha destruido la vida”, exige. “Tengo ansiedad de ver todo esto”, asegura.

Los vecinos afectados tienen una serie de reivindicaciones recurrentes. Algunas, casi todas, ya se han encontrado con el ‘no’ de la administración. Primero, reclamaron a la Comunidad que construyera nuevas viviendas, porque el parque libre de San Fernando no es suficiente para acogerlos a todos. Después, que les expropien lo que les queda tras el derribo para no tener que hacerse cargo del mantenimiento y la seguridad de la parte proporcional del solar que les corresponda y que, al no ser edificable, no sirve para nada, o que no les hagan tributar por la futura indemnización. Desde la consejería les han derivado al Ayuntamiento y al ministerio de Hacienda, pese a que todos tienen claro que es su responsabilidad.

Lo que la Comunidad sí aceptó fue facilitarles apoyo psicológico. Por el momento, solo han podido asistir a una consulta, de manera individual. Este miércoles, estaban todos citados para una grupal en el Hospital del Henares. Precisamente, esa era la fecha inicial para la demolición, que se ha adelantado por sorpresa. «Querían que coincidiera para evitar esto», sospecha Mari Carmen, rodeada de decenas de vecinos.

“Ayuso me llamó por teléfono hace cinco meses para decirme que nos quería poner cara. Todavía estoy esperando que venga”, explica Juan, que es portavoz de la Asociación de Afectados de Metro Presa-Rafael Alberti, que pide más “empatía” y “solidaridad”. “Por aquí no ha venido ningún responsable público del PP de Madrid”, denuncia. En la calle desde la que todos estaban presenciando la demolición, las caras de tristeza eran evidentes, pero también la determinación. Eva Medina lo tiene claro: «Ahora viene lo peor, luchar para que nos den una casa».