El Gobierno de Emiliano García-Page ha sacado adelante la moratoria que impedirá la apertura de nuevas macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha hasta el 31 de diciembre de 2024 o ampliar las existentes, aunque permitirá la construcción de nuevas explotaciones siempre que incorporen sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de sólidos de cara a impulsar la «necesaria transformación» del sector.

Lo ha conseguido en virtud de la mayoría absoluta que el PSOE ostenta en el Parlamento castellanomanchego y mediante una enmienda socialista a la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, más conocida como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la región para 2022. PP y Ciudadanos votaron en contra.

El frenazo a las macrogranjas (solo a las de porcino y sin carácter retroactivo sobre proyectos ya en tramitación) llega en plena polémica por unas declaraciones a The Guardian del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre este tipo de instalaciones ganaderas intensivas que han levantando una auténtica polvareda, poniendo sobre la mesa un debate que lleva abierto entre numerosas plataformas vecinales de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, desde el año 2016.

García-Page anunció sus intenciones de establecer esta moratoria el pasado 10 de diciembre, mucho antes de la publicación de la entrevista al ministro Garzón. Hoy ha aclarado que «nosotros no vamos a prohibir las macrogranjas, ni podemos hacerlo teniendo en cuenta que el debate sobre una macrogranja o que no lo es, es muy complejo».

«Lo que estamos diciendo es que, habida cuenta de los múltiples intereses que hay, creo que es una forma de abordar los problemas con cabeza» y a renglón seguido aseguraba que «hay quien quiere hacerlo desde la demagogia, el populismo más barato o quien lo quiere hacer desde el fanatismo más absoluto».

En este punto ha aclarado que lo que su Gobierno cree es que «están pasando demasiadas cosas en la normativa europea, en la ambiental y en la sensibilidad social, como para que hagamos una pequeña pausa pausa procesal y lleguemos a consensos». Se ha referido al sector ganadero como «potentísimo, porque da miles y miles de puestos de trabajo en la producción y en la transformación en esta tierra, que es determinante y tiene que estar a salvo de la demagogia barata».

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, apenas ha entrado en la cuestión durante el debate plenario que ha preferido centrar más en las ‘bondades’ tributarias de la Ley de Acompañamiento y que incluyen reducciones fiscales en 19 tasas o precios públicos.

Ruiz Molina ha pasado de puntillas por la moratoria justificando la necesidad de “ordenar” el sector porcino en la región. Mientras,  la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, se refería a la oportunidad de dicha moratoria “ante el crecimiento exponencial de proyectos” en Castilla-La Mancha, incluyendo los de las granjas porcinas que busquen ”un aumento de capacidad” y que ahora quedan vetados, pero aclaraba, “quiero dejar muy claro el compromiso del Gobierno con el sector ganadero. No lo pone en riesgo”.

Tampoco Ciudadanos ha entrado en el debate sobre la moratoria. Carmen Picazo, portavoz y coordinadora autonómica de la formación ha centrado su discurso en las enmiendas fiscales que no han sido admitidas. «Este proyecto de ley supone una nueva decepción y una nueva oportunidad perdida para cambiar un régimen fiscal fracasado. Teníamos opción de apostar por un modelo liberal, pero seguimos haciendo lo mismo», decía.

Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Rodríguez, ha criticado que la decisión se haya hecho «de espaldas al sector» y generando «inseguridad jurídica en un sector que cumple con una normativa ambiental, de seguridad y bienestar animal muy exigente». También cree que el PSOE hace «seguidismo del ministro Garzón» para «culpar» a los ganaderos. «No estamos de acuerdo, no se lo vamos a consentir. No irán por Europa hablando mal de España y de nuestra carne. Deben pedir perdón y retirar esta enmienda», espetaba el diputado. Algo a lo que replicaba con ironía la portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar: «Pensé que iba a terminar así la frase, que que no van a permitir que se vaya por Europa hablando mal de España, porque ya lo hace Casado».

En los últimos días, el Partido Popular en Castilla-La Mancha ha iniciado una ofensiva no solo contra el ministro Garzón sino contra el presidente castellanomanchego al rebufo de las declaraciones del ministro. En el pleno también se ha debatido posteriormente, a instancias de los ‘populares’, una propuesta para reprobar al titular de Consumo.

Para ello, eso sí, ha tenido que borrar de sus redes sociales varias publicaciones en las que en el año 2018 se mostraba en contra de las macrogranjas en la región y ha tirado de alcaldes y concejales para lanzar una batería de vídeos contra el ministro y también contra Page.

Y no solo eso. Por un lado, ha obviado tanto el rechazo a las macrogranjas por parte del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), gobernado por el PP. Por otro, también parece haber borrado de su memoria colectiva declaraciones de responsables políticos como el presidente de la Diputación de Guadalajara y alcalde de Sigüenza en 2016, José Manuel Latre, cuando mostraba su “preocupación” por el avance de este tipo de instalaciones ganaderas intensivas, de las que ahora ha llegado incluso a negar su existencia el PP nacional.

La portavoz socialista ha considerado en este sentido que “lo que es lamentable es que con tal de desgastar al Gobierno de Castilla-La Mancha haya alimentado un debate que se dará en este pleno y que ha de darse de manera sosegada. Es mucho más complejo de lo que ustedes han dado a conocer a través de sus redes sociales”.

Abengózar asegura que habrá “diálogo” con todas las partes, incluido el sector ganadero y se ha mostrado confiada en que “el revuelo pueda atajarse con una regulación que beneficie a todos”.

La iniciativa sale adelante casi tres años después de que los socialistas (y también el Partido Popular) rechazasen la moratoria para este tipo de instalaciones ganaderas intensivas propuesta por Podemos. Ocurrió durante los últimos coletazos de la legislatura 2015-2019 en la que el PSOE de Emiliano García-Page gobernaba junto a Podemos en Castilla-La Mancha.

Los socialistas justificaron entonces su oposición a la moratoria en que, en 2019, según decían, no había “una expansión del porcino intensivo sin precedentes en Castilla-La Mancha de ninguna manera».

Los ‘populares’ aprovecharon en ese momento, al igual que están haciendo ahora en el ámbito nacional, para evidenciar las diferencias entre Podemos y PSOE que gobernaban conjuntamente en Castilla-La Mancha. Un «espectáculo», decían, teniendo en cuenta que formaban parte del mismo Gobierno.

Y no solo eso, el PP que ya dirigía el actual presidente, Paco Núñez, se mostraba preocupado por los residuos: “¿Qué hacemos con los purines? ¿Por qué no los abordan como residuos y no como abono?”.

A los populares entonces ni siquiera les bastaba con la decisión tomada por el Gobierno socialista que en octubre de 2018 aprobó un decreto para establecer un mínimo de 2 kilómetros de distancia entre las instalaciones ganaderas (no solo las de porcino sino de cualquier tipo de ganado) y los núcleos urbanos. “No se soluciona con poner las granjas a más o menos distancia de los núcleos urbanos”.

El Gobierno de Emiliano García-Page ha sacado adelante la moratoria que impedirá la apertura de nuevas macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha hasta el 31 de diciembre de 2024 o ampliar las existentes, aunque permitirá la construcción de nuevas explotaciones siempre que incorporen sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de sólidos de cara a impulsar la «necesaria transformación» del sector.

Lo ha conseguido en virtud de la mayoría absoluta que el PSOE ostenta en el Parlamento castellanomanchego y mediante una enmienda socialista a la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, más conocida como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la región para 2022. PP y Ciudadanos votaron en contra.

El frenazo a las macrogranjas (solo a las de porcino y sin carácter retroactivo sobre proyectos ya en tramitación) llega en plena polémica por unas declaraciones a The Guardian del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre este tipo de instalaciones ganaderas intensivas que han levantando una auténtica polvareda, poniendo sobre la mesa un debate que lleva abierto entre numerosas plataformas vecinales de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, desde el año 2016.

García-Page anunció sus intenciones de establecer esta moratoria el pasado 10 de diciembre, mucho antes de la publicación de la entrevista al ministro Garzón. Hoy ha aclarado que «nosotros no vamos a prohibir las macrogranjas, ni podemos hacerlo teniendo en cuenta que el debate sobre una macrogranja o que no lo es, es muy complejo».

«Lo que estamos diciendo es que, habida cuenta de los múltiples intereses que hay, creo que es una forma de abordar los problemas con cabeza» y a renglón seguido aseguraba que «hay quien quiere hacerlo desde la demagogia, el populismo más barato o quien lo quiere hacer desde el fanatismo más absoluto».

En este punto ha aclarado que lo que su Gobierno cree es que «están pasando demasiadas cosas en la normativa europea, en la ambiental y en la sensibilidad social, como para que hagamos una pequeña pausa pausa procesal y lleguemos a consensos». Se ha referido al sector ganadero como «potentísimo, porque da miles y miles de puestos de trabajo en la producción y en la transformación en esta tierra, que es determinante y tiene que estar a salvo de la demagogia barata».

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, apenas ha entrado en la cuestión durante el debate plenario que ha preferido centrar más en las ‘bondades’ tributarias de la Ley de Acompañamiento y que incluyen reducciones fiscales en 19 tasas o precios públicos.

Ruiz Molina ha pasado de puntillas por la moratoria justificando la necesidad de “ordenar” el sector porcino en la región. Mientras,  la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, se refería a la oportunidad de dicha moratoria “ante el crecimiento exponencial de proyectos” en Castilla-La Mancha, incluyendo los de las granjas porcinas que busquen ”un aumento de capacidad” y que ahora quedan vetados, pero aclaraba, “quiero dejar muy claro el compromiso del Gobierno con el sector ganadero. No lo pone en riesgo”.

Tampoco Ciudadanos ha entrado en el debate sobre la moratoria. Carmen Picazo, portavoz y coordinadora autonómica de la formación ha centrado su discurso en las enmiendas fiscales que no han sido admitidas. «Este proyecto de ley supone una nueva decepción y una nueva oportunidad perdida para cambiar un régimen fiscal fracasado. Teníamos opción de apostar por un modelo liberal, pero seguimos haciendo lo mismo», decía.

Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Rodríguez, ha criticado que la decisión se haya hecho «de espaldas al sector» y generando «inseguridad jurídica en un sector que cumple con una normativa ambiental, de seguridad y bienestar animal muy exigente». También cree que el PSOE hace «seguidismo del ministro Garzón» para «culpar» a los ganaderos. «No estamos de acuerdo, no se lo vamos a consentir. No irán por Europa hablando mal de España y de nuestra carne. Deben pedir perdón y retirar esta enmienda», espetaba el diputado. Algo a lo que replicaba con ironía la portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar: «Pensé que iba a terminar así la frase, que que no van a permitir que se vaya por Europa hablando mal de España, porque ya lo hace Casado».

En los últimos días, el Partido Popular en Castilla-La Mancha ha iniciado una ofensiva no solo contra el ministro Garzón sino contra el presidente castellanomanchego al rebufo de las declaraciones del ministro. En el pleno también se ha debatido posteriormente, a instancias de los ‘populares’, una propuesta para reprobar al titular de Consumo.

Para ello, eso sí, ha tenido que borrar de sus redes sociales varias publicaciones en las que en el año 2018 se mostraba en contra de las macrogranjas en la región y ha tirado de alcaldes y concejales para lanzar una batería de vídeos contra el ministro y también contra Page.

Y no solo eso. Por un lado, ha obviado tanto el rechazo a las macrogranjas por parte del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), gobernado por el PP. Por otro, también parece haber borrado de su memoria colectiva declaraciones de responsables políticos como el presidente de la Diputación de Guadalajara y alcalde de Sigüenza en 2016, José Manuel Latre, cuando mostraba su “preocupación” por el avance de este tipo de instalaciones ganaderas intensivas, de las que ahora ha llegado incluso a negar su existencia el PP nacional.

La portavoz socialista ha considerado en este sentido que “lo que es lamentable es que con tal de desgastar al Gobierno de Castilla-La Mancha haya alimentado un debate que se dará en este pleno y que ha de darse de manera sosegada. Es mucho más complejo de lo que ustedes han dado a conocer a través de sus redes sociales”.

Abengózar asegura que habrá “diálogo” con todas las partes, incluido el sector ganadero y se ha mostrado confiada en que “el revuelo pueda atajarse con una regulación que beneficie a todos”.

La iniciativa sale adelante casi tres años después de que los socialistas (y también el Partido Popular) rechazasen la moratoria para este tipo de instalaciones ganaderas intensivas propuesta por Podemos. Ocurrió durante los últimos coletazos de la legislatura 2015-2019 en la que el PSOE de Emiliano García-Page gobernaba junto a Podemos en Castilla-La Mancha.

Los socialistas justificaron entonces su oposición a la moratoria en que, en 2019, según decían, no había “una expansión del porcino intensivo sin precedentes en Castilla-La Mancha de ninguna manera».

Los ‘populares’ aprovecharon en ese momento, al igual que están haciendo ahora en el ámbito nacional, para evidenciar las diferencias entre Podemos y PSOE que gobernaban conjuntamente en Castilla-La Mancha. Un «espectáculo», decían, teniendo en cuenta que formaban parte del mismo Gobierno.

Y no solo eso, el PP que ya dirigía el actual presidente, Paco Núñez, se mostraba preocupado por los residuos: “¿Qué hacemos con los purines? ¿Por qué no los abordan como residuos y no como abono?”.

A los populares entonces ni siquiera les bastaba con la decisión tomada por el Gobierno socialista que en octubre de 2018 aprobó un decreto para establecer un mínimo de 2 kilómetros de distancia entre las instalaciones ganaderas (no solo las de porcino sino de cualquier tipo de ganado) y los núcleos urbanos. “No se soluciona con poner las granjas a más o menos distancia de los núcleos urbanos”.